LA DOCTRINA POLÍTICA Y LA DOCTRINA JURÍDICA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
 Horacio A. García Belsunce
Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Aires Argentina)
Miembro honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid - España

 
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I.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
A fines de 1808 Madrid había capitulado frente a los ejércitos de Napoleón y a fines de 1809, José I derrotaba a los ejércitos españoles e invadía Andalucía. El 31 de enero de 1810 cae Sevilla, de donde huye la Junta Central
del Reino, que decide constituir un Consejo de Regencia en la isla de León que, con  Cádiz, eran los únicos territorios de España libres del dominio francés.
Conocidos en Buenos Aires el día 17 de mayo tales sucesos, los patriotas deciden que el movimiento es lo suficientemente serio y llaman a Saavedra para  tomar una decisión al respecto. Saavedra se pronuncia por la revolución con su célebre frase: “Señores, ahora digo que no sólo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora”. El 19 de mayo, Castelli y Martín Rodríguez entrevistaron al virrey Cisneros y le transmitieron la exigencia de convocar a un Cabildo abierto a fin de que reunido el pueblo en asamblea general, acordase si debía cesar el Virrey en el mando, y se erigiese una junta superior de gobierno que mejorase la suerte de la Patria. El día 20 de mayo el comandante de los Patricios, Don Cornelio Saavedra, hablando en nombre de los demás jefes nativos, expresa a Cisneros que “el pueblo quiere reasumir sus derechos”.
Además, en el oficio que el día 21 de mayo se presenta al Virrey solicitando autorización para celebrar Cabildo abierto, se dice que “un congreso público exprese la voluntad del pueblo”.
Levene ha dicho con acierto que el Cabildo abierto del 22 de mayo “puede considerarse como el primer congreso público argentino en el orden de los tiempos, pues que en su seno los patriotas más representativos de la Revolución hicieron triunfar la causa de la representación”(Lecciones de historia argentina, Ed. Lajouane, 1934, t. I, p. 440).
Abierta la sesión tomó la palabra el Obispo asturiano Lue, quien –como relata Mitre-, exhortó a todos a la paz y a no innovar en el estado político, diciendo expresamente: “que mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por españoles, ese pedazo de tierra debía mandar a las Américas; mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos, pudiendo sólo venir el mando a los hijos del país, cuando ya no hubiese un solo español en él”  (Mitre, Historia de Belgrano y de la independencia Argentina, Obras completas, t.VI, p. 312).

Castelli respondió al Obispo, trayendo hábilmente la cuestión al punto en que éste la había colocado, a saber: si el Virrey debía cesar en el mando, reasumiéndolo el Cabildo. Basó su proposición en la teoría que españoles y americanos habían aceptado dos años antes al jurar a Fernando, teoría que, bien que conforme con el gobierno monárquico absoluto, era revolucionaria por las consecuencias que de ella podían deducirse. De acuerdo con este antecedente histórico, América no dependía de España, sino del monarca a quien había
jurado obediencia y que, en su ausencia, caducaban todas sus delegaciones en la metrópoli. Castelli llegaba a la conclusión de que “España ha caducado en su poder para con la América y con ella las autoridades que son su emanación. Al pueblo corresponde asumir la soberanía del monarca, e instituir en representación suya un gobierno que vele por su seguridad”(Mitre, ob. cit., t. VI, p. 313).
A la teoría de Castelli, que encerraba la soberanía de todos los pueblos del Virreinato en un solo municipio, el fiscal de la Audiencia, Dr. Villota opuso la sólida doctrina de la verdadera representación de los pueblos, la cual, aún admitiendo que España se perdiese, no podía ejercerse por una sola provincia sino por todas las provincias representadas por sus diputados reunidos en congreso.

Linares Quintana (Tratado de la ciencia del derecho constitucional, ed. Plus Ultra, 1977, t. I, p. 369) señala que la hábil maniobra de Villota cambió las posiciones, pues los revolucionarios aparecían sosteniendo el absolutismo monárquico, a título de herederos de su soberanía para ejercerla a su nombre, mientras los españoles se presentaban defendiendo la representación legal y los derechos de los pueblos, con arreglo a los antiguos fueros municipales, y sosteniendo que debía ser el resultado del voto de todos lo que a todos interesaba igualmente.
Juan José Paso presentó a Buenos Aires como una hermana mayor que en una grave emergencia de familia asume la gestión de sus negocios, con el propósito de ser útil a sus administrados y afrontó prácticamente la verdadera cuestión política, dando su razón de ser a la asamblea y revistiéndola de la autoridad moral de que había pretendido despojarla Villota. Sobre la base de que las provincias y los pueblos de todo el Virreinato debían ser consultados y que sólo el voto de sus diputados congregados debía estatuir definitivamente sobre la forma de gobierno, sentó como premisa, que para que esta consulta fuere legítima y diera los resultados que de ella se esperaban, era indispensable que fuese libre, y que no podía serlo si la elección se verificaba bajo la influencia de los empeñados en contrariar tales propósitos, y que, por lo tanto, así como la situación era nueva, nuevos debían ser los medios que se empleasen. Paso
concluyó declarando que Buenos Aires haría la convocatoria del Congreso General, garantizando eficazmente la libertad de todos y que en sus manos estaría más segura que en ninguna otra el depósito de la autoridad y los derechos comunes.

 Estos conceptos han sido calificados por Mitre como una proclama del derecho supremo de la revolución en nombre de la necesidad y de la conveniencia, o sea, de hecho; ésta fue la formula política de la Revolución de Mayo, municipal en su forma y nacional, o más bien dicho indígena, en sus
tendencias y previsiones (Mitre, ob. cit., t. VI, p. 318).
Efectuada la votación, 162 de los presentes votaron por la destitución del Virrey y sólo 64 por la permanencia de Cisneros en el cargo. La formula más  votada y en consecuencia la que presentaba la resolución de la asamblea, fue que “Se subrogue el mando Superior que tenía el Virrey en el Exmo. Cabildo de la capital, hasta que se forme la corporación o junta que debe ejercerlo, cuya formación se hará en el modo y forma que estime el Cabildo”.

Floria y García Belsunce en su Historia de los Argentinos destacan que el 25 de mayo vuelve a expresar una coalición de los grupos políticos actuantes: frente a la reacción oficialista del día 24 que llevó al nombramiento de Cisneros como presidente de la Junta, los grupos revolucionarios se movieron rápidamente e hicieron saber al Cabildo que el pueblo había resuelto reasumir los poderes que había delegado el día 22 y exigía la constitución de una Junta.
Ello puso en evidencia la coalición del grupo de la independencia con el republicano. Al primero pertenecen Saavedra, Paso, Belgrano, Castelli y Azcuénaga; al segundo, Moreno, Larrea y Matheu; Alberti representaba la opinión del clero criollo afín al primer grupo. Se otorga la presidencia a Cornelio Saavedra, jefe del regimiento más poderoso de la ciudad y jefe de la revolución en la medida en que a él le había correspondido, el 18 de mayo, la decisión de lanzarla a la calle (ed. Larousse, 1992, Buenos Aires, t. I, p,287).
El acta capitular del Cabildo correspondiente al 25 de mayo de 1810, que constituye lo que al decir de Mitre fue la primera constitución política que tuvo el pueblo argentino (ob. cit., t. VI, p. 341), será materia del análisis político y jurídico que haré en los dos capítulos que siguen.

II.- LA DOCTRINA POLÍTICA DE LA REVOLUCION DE MAYO
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Expuestos como quedan los hechos y el derecho que constituyeron la Revolución de Mayo, es mi objetivo analizar la fundamentación o doctrina política de la Revolución. El movimiento de Mayo se apoyó en dos ideas fundamentales que concurrían a justificarlo. La primera consistía en la caducidad del gobierno legítimo de España –presupuesto de hecho que no fue discutido- y la otra en que, por tal razón, el ejercicio del poder volvía al pueblo de Buenos Aires.
Lo primero era un hecho que Zorraquin Becú califica de intergiversable, pues si Carlos IV y Fernando VII cedieron sus derechos a Napoleón, se había producido esa falta de legitimidad, especialmente en lo relativo a las Indias. Por un lado, los reyes de España no podían ceder o traspasar sus derechos majestáticos, y en consecuencia José Bonaparte era una usurpador. Por el otro, las Juntas constituidas en la península para combatirlo, sólo fueron un expediente empírico, pero sin fundamento legal, para salvar momentáneamente una situación de emergencia.

Y aún cuando la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino había sido consentida por todo el imperio, su disolución
volvía a plantear el problema en torno de un Consejo de Regencia nombrado por aquélla sin facultades y sin el voto de la nación (Estudios de historia del derecho, ed. Abeledo-Perrot, Bs. As, 1992, t. III, p. 16).
Si normalmente los hechos constituyen el objeto de la regulación por el derecho, en situaciones de emergencia o excepcionales, ciertos hechos, que aparentemente están al margen del derecho, crean derecho, lo que en otros términos, se llama el derecho de la necesidad o de la emergencia y, en casos como éstos el derecho de la revolución. Los patriotas de Buenos Aires juzgaban que la Junta Central de España era “de mero hecho”, es decir, sin base jurídica y que estando la América incorporada a la Corona de Castilla, “no se puede ver el medio de inducir un acto de necesaria dependencia de la América española a la Junta de Sevilla, pues la constitución no precisa que unos reinos se sometan a otros” (Memorial de Castelli, Belgrano, Beruti, Vieytes y Nicolas Rodríguez Peña a la Princesa Carlota, 20 de septiembre de 1808, publicado por Ariosto Fernández en Manuel Belgrano y la princesa Carlota Joaquina en Historia, Nº 3, p. 84, Bs. As., 1956).

La devolución del poder al pueblo, cuando desaparece el soberano, era sin duda una doctrina comúnmente admitida. Nadie la discutió en el Cabildo abierto después de haber sido expuesta por Castelli, pero en lo que no había acuerdo era que el poder, en esas excepcionales circunstancias, volviera solamente “al pueblo de Buenos Aires” (según la versión de los oidores), o al “pueblo de esta capital” (versión de Sagui). Los historiadores coinciden en afirmar que a esto se limitó la teoría de Castelli y que cuando las leyes y las doctrinas tradicionales se referían a la comunidad o al pueblo, querían significar el conjunto orgánico de la población del Estado, es decir, la de todas las provincias o regiones. Tal fue la critica fundamental que hizo el fiscal Villota a los argumentos de Castelli. Ante las teorías enfrentadas de Villota y Castelli, Zorraquin Becú sostiene que “la verdad era que en los dos últimos años se había afirmado un nuevo derecho: el de cada provincia a erigir, en circunstancias urgentes, juntas de gobierno para proveer a la ausencia de una autoridad legítima. El procedimiento había quedado, en cierto modo, justificado con el ejemplo español, sobre todo cuando podían invocarse razones de necesidad o urgencia para organizar un nuevo gobierno local” (ob. cit., t. III, p.22).

En resumen, la fundamentación política del movimiento de Mayo consiste en: a) la afirmación de que había caducado el gobierno legítimo de todo el imperio español, lo que ponen de resalto Floria y García Belsunce (ob. cit., t. I, p.294) cuando afirman que la doctrina política que opera en Mayo de 1810 surge del texto de la comunicación de la Junta de Buenos Aires remitida el 28 de mayo a los embajadores de España y Gran Bretaña en Río de Janeiro, al Virrey del Perú y a los Presidentes de Chile y de Cuzco, que decía: “la Junta Central Suprema, instalada por sufragio de los Estados de Europa (se refiere a los reinos peninsulares) y reconocida por los de América, fue disuelta en un modo tumultuario, subrogándose por la misma sin legítimo poder, sin sufragio de estos pueblos, la Junta de Regencia, que por ningún título podía exigir el homenaje que se debe al Señor Don Fernando VII”; b) que producida esa situación, el pueblo de Buenos Aires recuperaba su autoridad originaria o los derechos de la soberanía y c) que esa reversión le permitía instalar un nuevo gobierno, sin perjuicio de la consulta ulterior de las demás ciudades del Virreinato. La doctrina expuesta en el Cabildo abierto limitaba al pueblo de Buenos Aires la reversión de la soberanía, sin perjuicio de que la ciudades del interior eligieran en Cabildo abierto sus representantes, y éstos se reunieran a la mayor brevedad en Buenos Aires, para establecer la forma de gobierno que se considere más conveniente. El sentimiento porteño ya aparece entonces en su afán dominador, porque no se contentó con invitar a la ciudades del interior a enviar a sus representantes como acabo de decir, sino que impuso a ellas el envío de un contingente armado para sostener esas elecciones y conseguir resultados favorables.

Buscando la interpretación del hecho que antes he señalado como b), o sea, la reversión de la soberanía en Buenos Aires, Mitre sostiene que “la España ha caducado y con ella las autoridades que son su emanación. El pueblo ha reasumido la soberanía del monarca y a él toca instituir el nuevo gobierno en representación suya” y pone en boca de Castelli la teoría según la cual “la América no dependía de la España, sino del monarca a quien había jurado obediencia, y que en su ausencia caducaban todas sus delegaciones en la metrópoli” (Historia de Belgrano y de la independencia Argentina, 4º ed., t. I, p. 318, Bs. As., 1887).
La teoría política en la que se fundamentó la tesis de Castelli, luego aprobada por el Cabildo abierto, es materia de discusión por parte de los historiadores. Estos han recurrido a las teorías que se suponen más en boga en ese entones: la de Rousseau por un lado y la de Suárez por el otro.

Para Zorraquin Becú (ob. cit., t. III, p. 31/34), Suárez no era el único autor que podía proporcionar argumentos para justificar la reversión de la soberanía al pueblo. El empleo de esta palabra –soberanía- que no figura en el vocabulario escolástico, hace suponer que se manejaban ideas más modernas tomadas posiblemente de los autores contemporáneos. Y que así era lo demuestra también el hecho de que no aparece en ninguna fuente el origen divino del poder según San Pablo. Dice este autor que no cabe atribuir a Rousseau la   pertenencia de esa idea, porque para él el asiento de la soberanía nunca dejaba de estar en el pueblo, y por consiguiente, no podía volver a la comunidad. El pacto social era el que formaba la organización política, no el que la sometía al monarca. Agrega que parecen más aplicables las ideas de los iluministas franceses o españoles, que defendían la posición del despotismo ilustrado, para quienes la soberanía era inseparable de la persona del rey llamado legítimamente a la sucesión del trono.
Concluye en que el substractum de esas teorías que fundamentaron la posición revolucionaria debe buscarse no tanto en la adhesión exclusiva a ciertas escuelas de derecho público, sino más bien en una combinación de todas las influencias que podían gravitar entonces sobre el pensamiento rioplatense, con una acentuada inclinación modernista, y que esta inclinación fue la que hizo abandonar la postura católica tradicional, para buscar en el derecho natural racionalista la base que permitía sostener la facultad de cada pueblo a darse un gobierno en ausencia de la autoridad legítima. Si los revolucionarios se inspiraron en Suárez, sólo admitieron una parte de su doctrina, y no la que es fundamental y ésta secularización del ideario tradicional, permitía que la parte aceptada coincidiera en cierta medida con las opiniones contemporáneas.

Concluye Zorraquin Becú en que conviene destacar, en el análisis de la doctrina revolucionaria, su tendencia netamente separatista, pues si el pueblo de Buenos Aires recuperaba sus derechos originarios para designar un nuevo gobierno, no lo hacía con la pretensión de reemplazar al de todo el imperio sino que limitaba sus aspiraciones al ámbito del Virreinato, actitud en la que ya aparece implícita
la inclinación a la independencia.

Floria y García Belsunce consideran que la controversia doctrinaria de los interpretes respecto de los orígenes e influencias ideológicas sobre los hombres que encabezaron el movimiento independentista, no se resuelve mediante respuestas unilaterales. Admiten que es exacto que las doctrinas que se utilizaron para separar la estructura del poder rioplatense de la metrópoli estaban más cerca de Suárez y de Grocio que de Rousseau, pero debido a los cambios operados en el pensamiento del siglo XVIII, en los que Rousseau tuvo parte
intelectual decisiva, fue que Suárez y Grocio se actualizaron. Sostienen que las revoluciones norteamericana y francesa tuvieron influencia mediata, pero fue a raíz de la revolución española que la apetencia de los cambios políticos y sobre todo la posibilidad de su concreción, estimularon las expectativas de los criollos y los decidieron a actuar. (ob. cit., t. I, p. 296).
Aún en una visión superficial de la historia argentina, se advierte que la Revolución de Mayo fue nada más y nada menos que el comienzo cierto y feliz de una revolución por la independencia política, que se consolidará en 1816. Este proceso histórico, concatenando hechos como causas y consecuencias, recíprocamente, fue visto con claridad por Mariano Moreno, cuando escribió que la Revolución de Mayo había disuelto el pacto político que unía a las colonias rioplatenses con la Corona española, y no el pacto social de los colonos entre sí.
La Revolución de Mayo, por otra parte, desencadenó el comienzo del problema de Buenos Aires con el interior, que rechazó la pretensión de la capital del Rió de la Plata de transformarse en la cabeza dominante del nuevo estado nacional. “Conquistado el poder, la guerra civil sería el largo intermedio dramático hacia nuevas formas de convivencia política” (Floria y García Belsunce, ob. cit., t. I,p.299).
Para terminar con los objetivos y la doctrina política de la Revolución de Mayo, cabe señalar que ésta tuvo como inspiración un ideal americanista, que buscaba extender la revolución a todo el Virreinato y a todas las Indias españolas, lo que no era fácil de conseguir atento a la diversa idiosincrasia de los diferentes pueblos americanos.

III.- LA DOCTRINA JURÍDICA DE LA REVOLUCION DE MAYO
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La Revolución de Mayo realizó reformas orgánicas no sólo desde los puntos de vista político y jurídico, sino también en el orden económico, cultural y religioso, edificando un nuevo régimen en reemplazo del antiguo. La Revolución de Mayo ha sido la fuente originaria creadora del derecho patrio y de las nuevas instituciones. En lo político, como se ha señalado en el capítulo anterior, la Revolución de Mayo terminó de hecho con la monarquía española, se propuso la independencia o soberanía en el orden internacional y la república en el orden interno.
La Revolución de Mayo significó una transformación profunda de orden político, en la estructura del gobierno y la organización federal, y un cambio gradual en el derecho privado. Este último, desde sus orígenes indianos, fue siempre un hecho nuevo en la ley o en el derecho consuetudinario regional. El derecho patrio se explica, como dice Levene, en primer término, por la naturaleza del poder de donde emanan las normas jurídicas, consecuencia de la forma de gobierno adoptada que instituye la división de los poderes, desplazando la función legislativa, hasta entonces ejercida en nombre del Rey por el vinculo jurídico del vasallaje, y cumpliéndose desde 1810 en nombre del pueblo y por los representantes electos por él. La función judicial, como veremos más adelante, se separa también del poder ejecutivo.

El acta capitular del Cabildo del 25 de mayo de 1810, que he mencionado al final del capítulo I, es la fuente originaria del derecho patrio en cuanto de ella resulta:
a) Que se crea un poder ejecutivo colegiado y no unipersonal, integrado por los miembros de la Primera Junta que he
mencionado, aunque con carácter provisorio mientras se erige la Junta General del Virreinato (punto primero);
b) Que los miembros de la Primera Junta deberán ser reconocidos como depositarios de la autoridad superior del Virreinato por todas las corporaciones de esta capital y su vecindario, admitiendo así el carácter representativo de la soberanía del
pueblo (punto tercero);
c) Que la Junta ha de nombrar quien deba ocupar cualquier vacante por renuncia, muerte, ausencia, enfermedad o remoción, facultad propia de un gobierno colegiado (punto cuarto);
d) Que a pesar de la delegación del poder ejecutivo en la Primera Junta, el Cabildo se reserva “estar muy a la mira de sus
operaciones” (las de la Junta), “y caso no esperado, que faltasen a deberes, proceder a la deposición con causa bastante y justificada, reasumiendo el Exmo. Cabildo, para este sólo caso, la autoridad que le ha conferido el pueblo”, de modo tal que el ayuntamiento porteño se erigía en órgano de vigilancia del nuevo gobierno, con la facultad de remover a sus vocales con causa justificada (punto quinto);
e) Que la nueva Junta ha de velar sobre el orden y la tranquilidad publica, y seguridad individual de todos los vecinos,
haciéndosele responsable de lo contrario (punto sexto);
f) Que la Junta queda excluida de ejercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia, a quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno, con lo que se reafirma la división de los poderes al separar la función judicial
de la ejecutiva, apartándose notoriamente del derecho anterior, según el cual el propio Virrey, que representaba al Rey, presidía los reales acuerdos de la Audiencia y la justicia se administraba por los magistrados en su nombre (punto séptimo);
g) Que la Junta ha de publicar todos los días primeros del mes “un estado en que se dé razón de la administración de la real
hacienda”, lo que importa el reconocimiento del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno (punto octavo);
h) Que la Junta no podrá imponer contribuciones y gravámenes al  pueblo o sus vecinos, sin previa consulta y conformidad del Exmo. Cabildo. Esto implica el primer reconocimiento en el derecho argentino del principio de legalidad en materia tributaria, cuyo remoto antecedente es la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, conocido por el derecho contemporáneo como el principio nullum tributum sine lege (punto noveno);

i) Que la Junta despachará órdenes circulares a los jefes del interior encargándoles, bajo su responsabilidad, que hagan que los respectivos Cabildos convoquen la parte principal y más sana del vecindario, para que, formando un congreso elijan sus
representantes, y éstos hayan de reunirse a la mayor brevedad en la capital, en lo que se encuentra la raíz de un sistema federalista (punto décimo).

Mariano Moreno escribió en la Gazeta cinco artículos sobre las miras del Congreso que acababa de convocarse y acerca de la constitución del Estado, cuya publicación se inicio el 1º de noviembre de 1810, interrumpiéndose en el numero del 6 de diciembre siguiente, en víspera de su renuncia, producida el 18 de ese mes. En el primero de esos artículos se hace la demostración del derecho de los estados de América de dictar sus propia constitución, afirmando la autonomía de las cuidades cabeza de distrito, lo que Levene considera una expresión fiel de la naturaleza federalista del pensamiento de Moreno y del carácter social del movimiento emancipador, extendido a las provincias con el decisivo concurso pecuniario y en sangre de sus pueblos (Historia del derecho argentino, Buenos Aires, 1948, ed. Guillermo Kraft, t. IV, p. 99 y sts).
En el segundo artículo publicado el 6 de noviembre se examina la cuestión fundamental del derecho indiano y del nuevo derecho patrio, afirmando Moreno que la suerte de estos pueblos no podrá lograrse “hasta que un código de leyes sabias establezca la honestidad de las costumbres, la seguridad de las personas, la conservación de sus derechos, los deberes del magistrado, las obligaciones del súbdito y los límites de la obediencia” ( Levene, ob. cit., t. IV p. 99/100).

La crítica de Moreno a las leyes de Indias se refiere a problemas especializados que había estudiado con anterioridad. Las observaciones al sistema comercial estaban anticipadas en su famosa Representación de los Hacendados y Labradores, cuyas conclusiones se aplicaron enseguida de establecerse el gobierno patrio; la censura a los títulos de la Recopilación dedicados a las precedencias, ceremonias y solemnidades del antiguo régimen, dieron lugar al decreto de supresión de honores al presidente del 6 de diciembre de 1810. El severo juicio sobre las leyes de protección y seguridad para los indios, es el tema de su trabajo en la Academia de Jurisprudencia de Charcas en 1802. Luego de estos trabajos Moreno proclama que debíamos guardarnos de llamar en adelante nuestro código a esa colección de preceptos y “no caigamos en el error de creer, que esos cuatro tomos contienen una Constitución; sus
reglas han sido tan buenas para conducir a los agentes de la metrópoli en la economía lucrativa de las factorías de América, como inútiles para regir un estado...” (Levene, ob. cit., t. IV, p. 101).
Los hombres de Mayo concretaron su pensamiento sobre el derecho patrio argentino, el derecho político emanado de las representaciones de la soberanía popular, los nuevos derechos espirituales y económicos, militar y religioso,como fundamento de las instituciones democráticas, el nuevo derecho  administrativo y los requisitos de la idoneidad y la condición de ser naturales del lugar para el desempeño de los cargos, la reforma de la justicia y el derecho judiciario. Los principios superiores de la libertad y la igualdad ante la ley penetraron progresivamente en el derecho privado, en particular en el régimen de la propiedad y las organización de la familia, poniéndose en evidencia la necesidad de dictar la nueva legislación.

La Revolución de Mayo creó un nuevo derecho económico como fundamento del régimen social. Por su implantación venían luchando entre otros, Cornelio Saavedra, que como síndico procurador del Cabildo produjo un dictamen en 1795 contra la constitución de los gremios, en nombre de la libertad de industria y de trabajo; Manuel Belgrano, el autor de las Memorias que leía anualmente en el Consulado y en las que se describe vigorosamente la fisonomía económica del país; Hipólito Vieytes, que dirigió las paginas rebosantes de doctrina y de interés nacional del Semanario de agricultura, industria y comercio y la ya mencionada Representación de los Hacendados y Labradores de Mariano Moreno fueron los antecedentes y la base de la reforma del sistema de comercio exterior e interior, así como también del régimen agrario.
La legislación sobre los indios que comenzó a dictarse en 1810, caracteriza profundamente el nuevo derecho patrio desde el punto de vista de su inmediata aplicación y su eficiencia. La revolución emancipadora triunfó bajo la dirigencia de los criollos, pero había sido acompañada sobre todo por las revoluciones indígenas en las constitución de los estados de América. Los distintos planos sociales y raciales se nivelaron con la revolución de Mayo, que fue la causa común de los criollos y los indios y luego de los mestizos y gente de color. En la petición escrita del 25 de mayo de 1810 figuran las firmas de dos caciques indios.
La Revolución de Mayo afectó las relaciones con la Iglesia. El Cabildo eclesiástico de Buenos Aires y el clero criollo adhirieron a la Junta Gubernativa y a la causa revolucionaria. Desde el primer momento, la Junta ejerció los derechos del Patronato e impuso la disciplina monástica. El dictamen con que el Deán Funes contesta la consulta de la Junta sobre si el derecho de Patronato afecta la soberanía o a la persona de los reyes, está redactado con claridad de ideas e información sobre la ciencia canónica. Declara que es inalienable,imprescriptible, irrevocable e inherente a la soberanía considerando que el Patronato de las iglesias de América es aún más privilegiado que otros (Levene, ob. cit., t. IV, p. 97/98).
No puedo dejar de señalar en el ámbito de este Colegio de Abogados, la actuación que tuvieron los abogados en la Revolución de Mayo. La legislación agresiva contra los abogados criollos en los últimos tiempos de la dominación hispana, determinó la reacción de los mismos, por razones políticas, y fue unánime y decisiva. Destaca Levene que en el Cabildo abierto del 22 de mayo, aparte de los letrados españoles y algunos criollos que estaban con el Virrey y seguían al fiscal Villota, veintiún abogados votaron por la cesantía del Virrey.
Refiriéndose a este tema Mitre dice “que no debe olvidarse que entre las causas que hicieron estallar la revolución, dirigida en su mayor parte por legistas, el hombre que abraza con conciencia el estudio del derecho no puede mirar sin horror todo acto de tiranía y los abogados americanos eran tanto más celosos defensores de la justicia cuanto se veían más alejados de los altos empleos judiciales” (Originales sobre Mariano Moreno, en el Museo Mitre, citado por Levene en ob. cit., t. IV, p.45).

Al cerrar el capítulo Los principios fundamentales del derecho patrio argentino, Levene expone conceptos que es indispensable repetir: “ Este es el primer ciclo histórico de la exposición de los principios doctrinarios y de definir la orientación que se opone al régimen anterior, ciclo inaugural del Derecho Patrio Argentino, creador de los nuevos valores del derecho público y privado destinado a regular las alteraciones de las instituciones antiguas y la transformación social revolucionaria. Tal el mundo de ideas fuerzas, jurídicas, espirituales y económicas de los hombres de Mayo, pero no abarcamos el sentido trascendental de la obra constructiva que llevaron a cabo, sino se valora su alcance político trascendental y los móviles de su inspiración. Aquéllas ideas fuerzas estrechamente relacionadas entre sí, constituyen un dogma. Es el dogma de Mayo de tal significación, que explica la unidad e indivisibilidad histórica de la Argentina. La Revolución de Mayo, en efecto, es la creadora de la nacionalidad, es decir, de la unidad interna y del sentimiento del pueblo, más allá de la unidad política, racial y geográfica” (ob. cit., t. IV, p. 103).
La significación política y jurídica de la Revolución de Mayo de 1810, como punto de partida de la organización constitucional argentina, ha sido destacada con precisión y elocuencia por el decano de los constitucionalistas argentinos, el doctor Segundo V. Linares Quintana cuando dice que “la Constitución Nacional es el credo de la Revolución de Mayo hecho ley; el Evangelio político de los argentinos” (La Nación Argentina hecha ley, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1971, p. 21).

IV.- COLOFÓN
De las normas positivas resultantes de la Revolución de Mayo que he incluído en el concepto de doctrina política y jurídica de la Revolución, rescato como lo principal, en cuanto se ha continuado en el tiempo a través de distintos reglamentos y constituciones hasta consagrarse como un principio básico y fundamental en nuestra Constitución histórica de 1853, la llamada división de poderes, consistente en el reparto de órganos y funciones dentro de la tríada que la constitución formal compone con las denominaciones de “Poder Legislativo”, “Poder Ejecutivo” y “Poder Judicial”.El poder del Estado es uno sólo, pero con pluralidad de funciones y actividades.
La división de poderes en nuestro derecho constitucional responde a la ideología de seguridad y control que organiza toda una estructura de contención del poder para proteger a los hombres en su libertad y sus derechos. La finalidad es evitar la concentración del poder en defensa de la libertad de los individuos. (Bidart Campos G. J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, ed. Ediar, Bs. As., 1995, t. II, p. 17).
Es lamentable que este principio que hace a la esencia del constitucionalismo argentino, se encuentre hoy menoscabado y, a veces, abiertamente violado, después de 194 años de haber obtenido su partida de nacimiento en el derecho patrio argentino. La violación a este principio viene ocurriendo en la Argentina desde hace años y por distintas circunstancias, imputables a la acción u omisión de los tres poderes del Estado. Encarar este tema en profundidad me apartaría del objeto de esta disertación, por lo que sólo me voy a limitar a recordar algunos ejemplos que fundamentan la aseveración que acabo de hacer. Cuando el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia que no se ajustan a los requisitos sustanciales y procedimentales que señala el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, es el ejemplo más claro de tal afirmación. Asimismo ocurre con la delegación legislativa inconstitucional, violatoria del art. 76 de la Constitución Nacional o cuando de ella hace un uso o abuso ilegal el Poder Ejecutivo. Concurre también a calificar la violación de la división de los poderes, la amenaza a la falta de independencia del Poder Judicial, puesta en evidencia cuando el Presidente de la Nación, a través de la red de radio y televisión, instó al Poder Legislativo a iniciar juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que representó un ataque a la institución, cabeza de uno de los tres poderes del Estado y más que ello, la llamada a controlar a los otros dos. El juicio político que por mal desempeño pudieren merecer algunos de sus integrantes, debe dejar a salvo la majestad y autoridad de la Corte como institución. Recuerdo que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires dijo en declaración publica del 24 de julio de 2003, “que hay que terminar con el apotegma de la Corte adicta de cualquier signo político que sea”.
Los vicios y defectos de una mala práctica constitucional, como los casos señalados y otros que no corresponde tratar en esta ocasión, no han sido, ni son consecuencia del texto constitucional que nos rige, sino por el contrario, de un desacertado ejercicio de los poderes de gobierno que ella regula. Para remediarlo, no sólo hay que denunciarlo como lo hace públicamente el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sino también acentuar la prédica en los buenos principios y normas sobre las que se asienta el ordenamiento institucional de la República, partiendo, como lo hacemos hoy, de la recordación y homenaje de los próceres que en 1810, 1816 y 1853 nos dieron, según el feliz título que inmortaliza a Juan Bautista Alberdi, las “Bases y puntos de partida para la organización política de la Republica Argentina”.